En la vorágine de una inflación de tres dígitos, el gobierno nacional anuncia cada tres meses algún bono para palear la derrota de las jubilaciones frente a la inflación. No alcanza, y es la confesión de que la ley de movilidad aprobada en 2020 perjudica a los jubilados.
La ley de movilidad jubilatoria, dictada por este gobierno nacional, establece que cada tres meses las jubilaciones deben ajustarse por un índice que surge del cálculo por mitades según la evolución trimestral de los salarios y de la recaudación tributaria.
La ley de contrato de trabajo y sus reglamentaciones establece que el pago del sueldo, establecido por paritarias, se efectuará una vez vencido el mes trabajado, dentro del plazo máximo de 4 días hábiles siguientes. De manera tal que resultaría innecesario que todos los meses el Ministro de Economía anunciara, “que dentro de 4 días hábiles” los asalariados cobraran su remuneración correspondiente.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la ley de movilidad previsional. Cada vez que debe aplicarse el gobierno prepara el anuncio con letras de molde buscando crear una ilusión de aumentos exitosos, similar a aquel otro (“con los intereses de las leliq voy a aumentar el 20 % a los jubilados”). Cuando en realidad constituyen una verdadera cortina de humo para tapar el descenso del poder adquisitivo de los jubilados, fruto de decisiones políticas contrarias a los interese del conjunto.
En efecto en diciembre de 2019, a pocos días de haber asumido, suspendieron la ley de movilidad precedente, aquella que justamente tenía en la conformación de su fórmula de movilidad, la incidencia de la inflación. En el transcurso del 2020, no hubo ley. Los aumentos fueron por decretos que, establecieron porcentajes en degrade. Para los que percibían la mínima el índice de aumento era mayor que para aquellos que la superaban, achatando la pirámide de ingresos del sistema. Una injusticia.
En enero del 2021, comenzó a regir la actual ley de movilidad, que no tiene una cláusula de garantía o compensación automática frente a la inflación. Estamos con una ley deflaccionada en medio de una tempestad de 3 dígitos de inflación. De manera tal que la derrota de las jubilaciones frente a la inflación resulta catastrófica.
El gobierno no admite, al menos públicamente, esta situación y frente a cada aumento trimestral de la ley, para disimular esa real pérdida del poder adquisitivo, ofrece un «hot sale» de bonos trimestrales adicionales.
En abril y mayo de 2021 se otorgaron bonos de $ 1.500. En agosto operó uno de $ 5.000 y en diciembre de 2021 otro de $ 8.000. En 2022 hubo varios y más frecuentes. En abril $ 6.000 y en mayo $ 12.000. Y desde septiembre 2022 se repitieron todos los meses: septiembre, octubre y noviembre de $ 4.000 a 7.000, diciembre, enero y febrero 2023 de $ 7.000 a $ 10.000. Y de marzo a mayo hasta $ 5.000 a $15.000.
La ley previsional madre, exige para adquirir el derecho, edad y años de servicios. Quien cumpla con estos requisitos obtiene el beneficio con su correspondiente haber, en función del cumplimiento de los requisitos exigidos. Muy simple. Luego la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, expresa que las jubilaciones serán móviles, atento a que no existe la paritaria del jubilado. De manera tal que el Congreso debe dictar una ley, llamada de movilidad, cuya función es actualizar los haberes jubilatorios determinados.
La ley de movilidad, que se dictó en diciembre del 2020, apenas comenzó su recorrido en la carrera contra la inflación quedo en desventaja. Siendo una ley que fracasó desde el inicio, en lugar de reformularla se recurre a bonos adicionales que son extra ley, lo decide el Ministro de Economía en su función de sus necesidades macroeconómicas – déficit fiscal- por sobre las necesidades existenciales de los jubilados. Por consiguiente, son los jubilados los que pagan el brutal ajuste con sus haberes erosionados por la inflación.
En esta suerte de mercado persa del bono, los mercaderes del anuncio “virtuoso de los bonos” actúan como garantes insolventes frente a la inflación. Toda una mentira.
Nada más alejado de la realidad cotidiana atento que, con todo este mamarracho de bonos, recién el mes de junio próximo, los de la minima, (4 millones de personas) les corresponderá por ley $ 70.938 que, con el agregado del “bono antiinflacionario de $ 15.000”, representará un total de$ 85.938. Ademas como en dicho mes de junio se paga el medio aguinaldo, redunda decirlo, pero también es lo que la ley manda. Pero el gobierno adrede pone todo en la misma bolsa, hace tabla rasa y lo adosa al anuncio como otro logro de su cosecha. De manera que, con la suma del haber, más el bono y el medio aguinaldo percibirán el mes próximo $121.407. Mientras que el pasado mes de abril la canasta básica de los jubilados fue de $ 125. 007. Demasiado esfuerzo para que la mentira que acumula, haber, bono y aguinaldo quede relegada frente a la canasta del jubilado por apenas $ 3.600 (125.007 – 121.407).
En este caso estamos hablando de 4 millones de jubilados condenados a perder frente a la inflación, por más que el Ministro de Economía y la Directora de Anses se empecinen a decir lo contrario.
(*) Contador. Ex presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba