Un resultado inédito, una oportunidad única

Temas como el manejo de la pauta publicitaria oficial, el control pluripartito de los programas sociales, el control presupuestario de las agencias de estatales, el acceso a la información pública y la transparencia estatal, son agendas cuya discusión parlamentaria solamente es imaginable en una legislatura como la que delineó el resultado electoral del domingo.

La calidad institucional de Córdoba fue uno de los temas centrales de la reciente campaña electoral, y todo indica que seguirá siendo un asunto de discusión en las próximas semanas. En los últimos años, distintos actores del gobierno provincial se vieron vinculados con hechos de corrupción o de abuso de autoridad que pusieron en discusión la salud del régimen republicano provincial. La agenda de la legislatura provincial, con normas aprobadas por una mayoría automática oficial, y el rechazo sistemático de todo pedido de informes sobre el accionar de los funcionarios, fueron reflejo de un vaciamiento de la legislatura como órgano deliberativo y de control.

Probablemente esto sea el resultado de una reforma constitucional (la del 2001) que achicó la legislatura (con un discurso de reducir el gasto político que no alcanzó al poder ejecutivo), fortaleció el bipartidismo, sobreestimó a las mayorías y subestimó a las minorías. Una reforma que, a todas luces, debilitó al poder legislativo provincial, mermó el pluralismo y fortaleció el poder del gobernador.

Casos como el de la muerte de bebés en el hospital neonatal; el accionar de un “falso médico” en el comité de emergencia de la pandemia; las denuncias de abusos contra director de defensa civil de la provincia, Diego Concha, hacia una bombera que finalmente se quitó la vida; los crímenes de Blas Correa y Joaquín Paredes a manos de la policía de Córdoba; el choque en las altas cumbres protagonizado por el presidente de la legislatura, Oscar González, que le costó la vida a una docente y lesionó gravemente a dos adolescentes; fueron algunos de los episodios que mostraron a un estado provincial blindado e impermeabilizado contra los controles políticos. En 24 años de gobiernos del mismo partido político, no hubo ni un solo funcionario provincial condenado por corrupción.

El debate respecto a si era saludable o no que una misma organización política mantuviera el control de los resortes del Estado provincial durante más de un cuarto de siglo, fue uno de los ejes principales de la campaña política, lo que incluso provocó una frase del gobernador electo, en la que tomó distancia de sus antecesores en el cargo.

A todo ello se le agregó la polémica por la demora en la carga de los resultados de la elección, teniendo en cuenta que se había contratado un software con inteligencia artificial y, aún así, los resultados provisorios estuvieron mucho más tarde que en otras elecciones en las que se contaba con mucha menos tecnología.

La respuesta de las urnas

Pero ante este panorama, el inédito resultado de la elección (fruto del azar o de las alquimias legislativas) puede ser justamente la respuesta más desafiante al debate sobre la institucionalidad cordobesa.

Se trata de la primera vez en nuestra historia que el partido político que gana la elección de gobernador no contará con una mayoría propia en la legislatura ni en el tribunal de cuentas. Esta circunstancia puede ser la oportunidad perfecta para revitalizar al poder legislativo como órgano de discusión de las políticas públicas y control del poder ejecutivo, y también es la oportunidad de que el tribunal de cuentas provincial tenga la fortaleza para ejercer un control más riguroso.

Históricamente, las minorías legislativas reclamaron por los mismos atropellos de las mayorías que, cuando cambiaron de rol, repitieron. Las leyes en la legislatura casi nunca fueron en un sentido distinto que el de darle más poder al poder.

Temas como el manejo de la pauta publicitaria oficial, el control pluripartito de los programas sociales, el control presupuestario de las agencias de estatales, el acceso a la información pública y la transparencia estatal, son agendas cuya discusión parlamentaria solamente es imaginable con una legislatura no controlada por el oficialismo. independientemente de quién ejerza el poder en el período que se inicia o en los siguientes, estos debates implicarían un avance en la calidad institucional de nuestra provincia.

Es difícil saber si esta circunstancia podrá repetirse en el futuro, y si volveremos a ver una mayoría legislativa dispuesta a ponerle controles y frenos al poder ejecutivo de turno. También es difícil imaginar que el oficialismo respete la voluntad popular de una legislatura con mayoría opositora y, con el discurso de la amplitud y la transversalidad, no intente al menos cooptar legisladores de otras fuerzas, como ya ocurrió en 2001 con el legislador Bodega, o recientemente con Orlando Arduh, el legislador radical que autor de polémicos proyectos rechazados por su propia bancada y respaldados por el oficialismo, y que, terminó dando el salto al peronismo en la campaña reciente.

El tiempo dirá si este será el tiempo de un gran salto en la calidad institucional de Córdoba, o será el tiempo de un gran salto de opositores que, violando la voluntad popular de integrar una bancada opositora, se sumen al oficialismo.