El lunes, el Tribunal Superior de Justicia rechazó los planteos de Luis Azar (UCR) y Daniel Delbono (PJ) para poder presentarse nuevamente. En la legislatura descartan que la restricción tenga chances de ser eliminada.
El lunes último, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba publicó dos fallos que cerraron la puerta al intendente de Tanti, Luis Azar, y a su par de Pasco, Daniel Delbono, para presentarse nuevamente como candidatos a intendentes en 2023. Tras la decisión del máximo órgano judicial de Córdoba, volvieron a tomar impulso los rumores de que, en una de las tres sesiones que le quedan a la legislatura provincial antes de fin de año, la unicameral trataría una reforma que abriera la puerta a los gobernantes locales para volver a presentarse.
Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno de Córdoba, Julián López había sentado posición hace varias semanas, en el sentido de que el gobernador no impulsaría la reforma. «Hoy no forma parte de la agenda del Gobierno el cambio de esa ley y me atrevo a decir que el gobernador no quiere que se modifique», expresó el funcionario. En el mismo sentido, referentes schiarettistas en la legislatura habían indicado que solo se avanzaría en un cambio si hubiere un consenso con la principal fuerza opositora que legitimara la decisión.
Ante el delicado momento que vive la legislatura tras el choque protagonizado por Oscar González en las Altas Cumbres, y tras los fallos judiciales en contra, las posibilidades de que el tema se aborde son nulas.
«En el Panal nadie quiere el cambio. Nosotros presentamos esa ley y fue una avance institucional, sería extraño que nosotros mismos propusiéramos cambiarla» comentó a InfoTanti una fuente del oficialismo en la legislatura. Entre los referentes del PJ de Córdoba sostienen en off que el cambio es un problema que preocupa más a los radicales que a los peronistas. «Los intendentes peronistas que no pueden volver a presentarse conducen localidades con poco impacto electoral. Además contamos con espacios para contenerlos. El problema lo tiene la UCR y el PRO, que gobierna en localidades de mayor peso electoral», afirmó la interlocutora.
El radicalismo no cambia su posición
Desde la UCR, saben que el peronismo pagaría un alto costo político si volviera para atrás con la reforma, y si bien saben que tienen los votos necesarios para aprobarlo, creen que no avanzarán sin un acuerdo que legitime la decisión. En diálogo con InfoTanti, Juan Jure, presidente del bloque legislativo Juntos UCR, dijo estar sorprendido ante los rumores de que el asunto podría volver a tratarse y aclaró que «no hay nada que pueda indicar que esta situación se pueda modificar. Por el contrario, el oficialismo ni siquiera ha recibido a los intendentes que vienen pidiendo que los reciba el bloque de la mayoría, sin éxito».
En referencia al encuentro con intendentes radicales, peronistas y vecinalistas, realizado con legisladores radicales hace 15 días, Jure explicó que en la reunión, los gobernantes locales pidieron que se los habilite a un nuevo mandato, pero que no hubo cambios en la posición de la UCR.
«Fuimos muy claros con ellos. No solo tenemos una posición como bloque, sino también la tiene nuestro partido y los principales referentes partidarios, quienes ya le comunicaron esta posición a los intendentes», expresó Jure. «Supuestamente los intendentes iban a ser recibidos también por el oficialismo, que es el que tiene los votos necesarios para aprobar un cambio, pero han pasado 15 días y nadie de ese espacio los atendió todavía», agregó el legislador.
Desde la UCR repiten una y otra vez que los únicos que pueden habilitar un cambio son los peronistas, y que no acompañarán esa decisión. «La llave la tienen ellos. No ha habido nada que modifique lo que venimos diciendo desde el primer momento», finalizó.
El peronismo y el PRO, dispuestos pero solo con consenso
Francisco Fortuna, presidente de la bancada de Hacemos por Córdoba en la legislatura, volvió a recalcar que la única vía para tratar el tema es un acuerdo con la oposición. «Todo depende de un acuerdo parlamentario amplio en donde el bloque Juntos UCR, que Jure preste consentimiento. Esa es la posición del gobierno», expresó el líder oficialista.
En referencia al fallo de la justicia en contra de las iniciativas de Azar y Delbono, Fortuna también indicó que es un tema que «de resolverse, debe ser a través de un acuerdo parlamentario. Mediante presentaciones judiciales es muy difícil. Lo debe resolver la política», sostuvo en diálogo con InfoTanti.
En el mismo sentido se expresó Orlando Arduh, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, integrada por un legislador radical y cuatro del PRO. Arduh afirmó que su bloque todavía no tiene posición tomada sobre el tema, pero resaltó que siempre dijo que la respuesta al debate es legislativa, «Ni judicial ni del poder ejecutivo». También opinó que solo habrá un avance en la modificación «si hay acuerdo legislativo de los bloques mayoritarios».
Rechazo de la Coalición Cívica
El bloque legislativo que se referencia en Elisa Carrió, se expresó de manera contundente en contra de habilitar las «re reelecciones». «Nosotros tenemos una postura muy opositora a la re-re. Hay muchos rumores, pero sería un escándalo que el bloque Juntos UCR aprueben esto. Me parece muy importante que los medios ayuden, que la ciudadanía condene este retroceso institucional, si modifican la ley», indicó Cecilia Irazuzta a InfoTanti.
Los legisladores de Encuentro Vecinal, María Rosa Marcone y Gerardo Grosso, tambien se expresaron en la misma línea que la Coalición Cívica. Ambas bancadas incluso presentaron una denuncia ante el Ministro del Interior de la Nación (Wado de Pedro), para que «intime al Gobierno de Córdoba a los efectos de que cese los intentos de hacer efectiva esta iniciativa, desista de sus pretensiones y convoque al diálogo a las demás fuerzas políticas de la democracia”.
El pedido se funda en la competencia establecida por la Ley de Ministerios, por la cual es responsabilidad del Ministerio del Interior entender en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República. Según los vecinalistas y carriotistas, la iniciativa representaría «una degradación del sistema democrático provincial y tiene como objetivo perpetuar a los caciques dueños del Estado en sus puestos de privilegio y, además, pareciera constituirse como un primer paso en la búsqueda de la reelección indefinida”.
El documento también indica que “la falta de alternancia política impacta con los mandatos constitucionales, altera el espíritu de nuestra democracia y perjudica de lleno la protección de los derechos humanos”. Resaltaron que esto conllevaría a un retroceso y violación a los compromisos internacionales de jerarquía constitucional asumidos por el país, ya que “el respeto por la forma de gobierno, establecida tanto en la Constitución Nacional como en la provincial, es sin duda la garantía del goce de los derechos humanos”.