El bono anunciado por el gobierno nacional es la muestra más acabada del fracaso de la ley de movilidad que el gobierno promovió en diciembre del 2020 y que, en cada trimestre, anuncia burdamente su cumplimiento.
El gobierno monta trimestralmente un sainete criollo, para anunciar la actualización de haberes, con la falaz intención de transformar un magro aumento, que deviene de la ley de movilidad, en un “exitoso acto de gobierno”.
En efecto la ley movilidad jubilatoria establece el sistema de aumentos para los haberes jubilatorios, que se aplica por trimestre en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre respectivamente. De manera tal que el próximo aumento, en función de un coeficiente elaborado en partes iguales por recaudación previsional y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (R.I.P.T.E), se debe aplicar en el mes de marzo. Es imposible eludir la ley que, incluso fue aprobada por el actual gobierno en diciembre de 2020. Sustituyendo a la anterior del año 2017- que incluía entre sus componentes de la fórmula de actualización, el impacto inflacionario (hoy ausente). Vale la aclaración: la ley vigente de diciembre del 2020, también tuvo su pomposo acto de presentación y, venía a reestablecer el poder adquisitivo de los jubilados y obviamente era “superior” a la derogada.
Cada vez que comienza el mes inmediato anterior al trimestre de actualización que corresponde (en este caso el próximo mes de marzo). Se arma el teatro para escenificar la comedia del aumento ya establecida por la ley. En este caso, el nuevo mínimo será de $ 58.665,00 fruto de aplicar el porcentaje del 17,4 % a un haber que se viene percibiendo desde el mes de diciembre próximo pasado. Dicho de otra manera, desde aquel mes su monto ha permanecido congelado. El libreto de la obra que hace el anuncio, obvia subrayar que esta intemperie remunerativa fija, ha sufrido el deterioro del índice de inflación de diciembre (5,1 %); de enero ( 6 %) y todavía falta el de febrero que se conocerá en marzo.
A pesar de esos “olvidos” el show debe continuar, y allí están frente a las cámaras el Ministro de Economía y la Directora Ejecutiva del Anses, dispuestos a sostener que esa actualización por venir en marzo y que deviene de la ley, los jubilados saldrán victoriosos frente a la inflación, a pesar de haber eliminado de la formula anterior ese componente. Pero el efecto de la ilusión que genera un anuncio de aumento con 30 días de anticipación, frente a una inflación diaria se desmorona cuando el jubilado debe realizar sus compras o hacer una consulta médica.
En definitiva, la ley dispone una actualización que queda rezagada frente a la inflación. Alguien se equivocó o quizás visto desde los números macros, lo que deja de entrar en los bolsillos de los” viejos” constituye una fenomenal transferencia para contribuir al descenso del déficit fiscal.
Volvamos a la escena del sainete innecesario y repasemos brevemente el curso de los haberes. La jubilación mínima legal que comenzó a percibirse en diciembre del 2020 era de $ 50.124,00. Monto que resultó de aplicarle el porcentaje de 15,53 % a los haberes del trimestre inmediato anterior. Esta minima, fue anunciada en noviembre. Comparada con la actualización que vendrá en marzo próximo ($ 58.665,00) estamos con haberes impotentes frente a la inflación. Pero el guion del sainete criollo prescribe que el haber previsional debe mantenerse invicto frente a la inflación.
Entonces la ficción debe superar la realidad del mínimo jubilatorio que indica la ley, y mágicamente aparecen bonos extralegales complementarios que surgen de una decisión unilateral, arbitraria y discriminatoria de los actores principales y cuyo virtuosismo es que, con ese empujón la mayoría de los jubilados que habitan la franja del mínimo, mediante un bono adicional de $15.000,00, su poder adquisitivo se fortalecerá frente a la descontrolada suba de precios.
Mientras aquellos que están por encima de esos mínimos recibirán un bono en degrade, que desaparece al llegar a un antojadizo tope ( para el caso del mes de marzo próximo es de $ 122.330,oo), por último los posicionados con haberes superiores al tope, su exclusión del bono anti-inflación es total, achatando de esa manera la pirámide de ingresos del sistema, lo que generará el cultivo de futuros juicios por su manifiesta arbitrariedad.
En 2022, por ejemplo, hubo “parches bonos” en abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sumados a los de enero y febrero de 2023. Sucedió porque la fórmula de movilidad carece de una cláusula de garantía o compensación automática frente a la inflación. Los bonos, son dádivas que el poder les ofrece a los jubilados con un salvavidas maltrecho, en un naufragio que a todas luces es cada vez más preocupante.
Repasemos: ¿Quiénes cobrarán el bono arbitrario y discriminatorio en el mes de marzo próximo? Quienes cobran entre $ 58.665 y $ 68.665, percibirán un bono complementario de $ 15.000 que ira decreciendo a medida que llega a un tope de $ 73.665 (ejemplo extremo: aquel que perciba un haber de $ $ 73,664,00 el monto del bono que le corresponderá será de $1)
Entre $ 73.665,00 y $ 122.330,00 cobraran un bono complementario, en degrade hasta llegar a los $ 5.000, y los que cobren más de $ 122.330, no percibirán bono.
Esta síntesis, esta es la más acabada muestra del fracaso de la ley de movilidad que el gobierno promovió en diciembre del 2020 y, que en cada trimestre anuncia burdamente su cumplimiento. Como no alcanza, para superar la inflación implementa, desprolijamente un sistema de bonos arbitrarios con la artera pretensión de subir al podio imaginario el ingreso de 6.3 millones de jubilados “declarándolos vencedores” de un índice inflacionario que, el año pasado estuvo a 4 puntos de alcanzar los 3 dígitos. La ficción queda sepultada frente a una realidad que no solo perfora los bolsillos de los jubilados, sino que también está destrozando el sistema previsional argentino. Un gran” mérito” de este gobierno auto titulado “nacional y popular”.